22. Incidente de ejecución, aclaración y extensión de resoluciones y sentencias

Publicado en 10 noviembre, 2011

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Aparte de la regulación general aplicable a todos los procedimientos de revisión, el RGRVA contiene un par de preceptos dedicados al cumplimiento y extensión de las resoluciones económico-administrativas (arts. 68-69).

El artículo 68 del RGRVA ha unificado el tratamiento de situaciones (y procedimientos) diferenciables —como son la discrepancia en la ejecución que se acomete y formulación de una nueva reclamación frente a cuestiones no resueltas y planteadas por el acto de ejecución— que hacía su antecedente inmediato[1]. Esto ha suscitado dudas interpretativas sobre el ámbito de aplicación del incidente de ejecución y las cuestiones que se pueden abordar mediante el mismo[2], amén de la crítica por la eventual postergación de derechos al procedimiento legalmente establecido, al juez predeterminado y a la defensa sin cortapisas.

La norma establece este instrumento si el interesado está disconforme con los actos de ejecución de la resolución económico-administrativa, atribuyendo competencia para resolver el incidente[3] al tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta —anteriormente lo era el de primera o única instancia— y remitiendo a las normas del procedimiento general o abreviado que fueron aplicables para el recurso o la reclamación inicial, con la sola indicación de que habrán de suprimirse de oficio aquellos trámites que no sean indispensables para resolver la discrepancia planteada en el incidente; algo que contrasta con el perentorio plazo de cinco días para resolverlo que daba el reglamento anterior, pudiendo hacerlo ineficaz, confuso y contradictorio con la seguridad jurídica y su propia finalidad[4].

La doctrina ha criticado la regulación por apartarse de la impronta de urgencia[5], típica de una medida para reaccionar contra una ejecución parcial, fraudulenta o carente de identidad con la resolución adoptada[6]. También se ha censurado por su pretensión de cerrar la puerta a la formulación de una reclamación económico-administrativa en los casos en que se planteen cuestiones nuevas en la ejecución de la resolución[7]. Igualmente se ha objetado que, para estos supuestos en que surjan cuestiones no resueltas, la atribución de competencia para resolver el incidente al tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta —rompiendo la tradicional competencia de los TEAR para vigilar el cumplimiento de las resoluciones del TEAC en alzada—, puede afectar al derecho a los procedimientos legalmente establecidos y al juez predeterminado por la ley[8]. Y el ejercicio del derecho de defensa sin restricciones puede quedar en entredicho con el enunciado, entre los supuestos de inadmisibilidad de los incidentes[9], de los temas que hubieran podido ser planteados en la reclamación cuya resolución se ejecuta[10], pues ello obligaría a afinar la puntería del reclamante, en cuanto a sus motivos de oposición, hasta extremos que sólo a posteriori podrá saberse si iban a resultar o no necesarios.

El artículo 68.4 del RGRVA recoge la posibilidad, que sólo ostentan los órganos competentes de la ejecución de las resoluciones económico-administrativas, de solicitar la aclaración de  las mismas al tribunal correspondiente; lo cual no aparecía previsto en la anterior reglamentación[11].

Tanto la doctrina del TEAC, como la jurisprudencia contenciosa[12] confirman esta facultad exclusiva de los órganos encargados de la ejecución, que obtendrán la ventaja de la suspensión del plazo de ejecución durante la tramitación de su petición de aclaración[13]. Para el esclarecimiento de las dudas o incongruencias de las resoluciones a instancias de los reclamantes, sólo podrán seguir la vía del incidente de ejecución[14].

Otra novedad del RGRVA (art. 69) estriba en la extensión de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos, siempre que se cumplan ciertos requisitos de índole objetiva y subjetiva. Los primeros afectan a los actos respecto de los cuales cabría ejercitar la petición de extensión, exigiendo el Reglamento que sean posteriores a la reclamación cuya resolución pretende trasladarse —pero anteriores, lógicamente a que venza el plazo de un mes desde la notificación de la resolución[15]—, además de ser en todo idénticos al acto citado en el escrito de interposición de aquélla y que no sean firmes en vía administrativa. Del lado de los sujetos, estamos ante una extensión limitada exclusivamente al reclamante o interesado en la reclamación inicial.

La solución, aunque inspirada en la ley jurisdiccional (art. 110 LJCA), resulta más restrictiva que ésta —pese a la ampliación que supone respecto de la anterior reglamentación[16]— y no ha incorporado una técnica de amplificación de los efectos de las resoluciones en relación con recursos masivos, si bien tiene la finalidad de reducir la litigiosidad de un mismo obligado tributario[17].


[1] Vid. art. 111 RPREA. En desarrollo del actual art. 68 RGRVA, vid. apartado Séptimo 1.4. de la Resolución de 21 de diciembre de 2005, ya citada.

[2] Vid. Martínez Giner (2008: p. 843); también Falcón y Tella (2007b: pp. 6-7).

[3] La doctrina ha dudado que el manejo de la propia denominación —incidente de ejecución— sea adecuada al incluir los casos en que se susciten cuestiones nuevas. Vid. Ruiz Toledano (2006: p. 3) —y del mismo autor (2009: p. 90)—; Sánchez Pedroche (2006: p. 1006); Martínez Giner (2008: p. 844).

[4] Vid. Murillo Ruiz (2006: p. 422); Pont Mestres (2006: pp. 10-11); también Cayón Galiardo (2009: pp. 15, 17 y 18), advirtiendo que no serán pocos los casos en que los contribuyentes insten la vía del incidente de ejecución y la de reclamación, para desistir de alguna cuando y según proceda.

[5] Vid. Pont Mestres (2006: pp. 16 y 18); también Martínez Giner (2008: pp. 846-847).

[6] Vid. Martínez Giner (2008: p. 811).

[7] Vid. Falcón y Tella (2007b: pp. 7 y 8). En términos más comedidos, Martínez Giner (2008: p. 845), ha venido a relativizar el problema, entendiendo que en el supuesto de que se planteen cuestiones nuevas, no sería procedente que se suprima ningún trámite, por lo que en el fondo se trataría, al menos procedimentalmente, como una reclamación económico-administrativa. En apoyo de esta argumentación, vid. RTEAC de 9 de octubre de 2007, que para casos en que se planteen cuestiones nuevas a través de un incidente de ejecución, admite que deben ofrecerse las mismas garantías al interesado que en un procedimiento económico-administrativo, para que no haya indefensión o desamparo alguno.

[8] Vid. Falcón y Tella (2007b: p. 8); también Martínez Giner (2008: p. 846). El primero de estos autores pone el ejemplo de una nueva liquidación dictada en ejecución y sustitución de otra anterior anulada por el TEAC, que pasa a tener una cuantía inferior a 150.000 €. Si se planteara una reclamación económico-administrativa en relación con las cuestiones nuevas que suscitara la nueva liquidación, la competencia la tendría el TEAR, que pondría fin a la vía administrativa, debiendo acudirse al TSJ correspondiente. Si la vía es la del incidente de ejecución, lo conocerá el TEAC y la competencia judicial la tendría entonces la Audiencia Nacional.

[9] Los otros motivos de inadmisión se corresponden con la lógica de evitar el empleo de la vía incidental para reabrir una nueva revisión de resoluciones firmes —art. 213 LGT— y con las circunstancias que determinan la declaración de inadmisibilidad enunciadas en el art. 239.4 LGT.

[10] Vid. Martínez Giner (2008: pp. 848-849). Ruiz Toledano (2009: p. 99), señala que el RGRVA recoge la posición tradicional administrativa (v. gr.: RTEAC de 26 de mayo de 2000).

[11] Pese a su regulación junto al incidente de ejecución, esta posibilidad de aclaración no forma parte de dicho ámbito. Vid. Ruiz Toledano (2009: p. 90) —del mismo autor (2006: pp. 6-7)— y Martínez Giner (2008: p. 849).

[12] Vid., por ejemplo, la RTEAC de 25 de junio de 2008 y la STSJ de Canarias, de 27 de noviembre de 2009, que desestima la posibilidad de dictar una sentencia aclaratoria del fallo de una resolución económico-administrativa impugnada.

[13] Vid. Resolución de 21 de diciembre de 2005, ya citada, apartado Séptimo 1.3.

[14] Vid. Ruiz Toledano (2009: p. 101).

[15] Si ha transcurrido el plazo señalado por el art. 69.2 RGRVA, no cabrá solicitar la extensión de la resolución inicial, aunque sí podrá presentarse recurso o reclamación, cuya futura resolución debería ajustarse al mismo criterio de la primera si correspondiera al mismo Tribunal la dictó. Por ello, hubiera sido preferible establecer un plazo más amplio, como el del año que contempla la LJCA. Vid. Ruiz Toledano (2006: p. 4) —y del mismo autor (2009: p. 104)—; también Martínez Giner (2008: p. 852), quien resalta la incoherencia que supone para con la finalidad del art. 69 RGRVA que se simultaneen las vías de petición de extensión de resoluciones con la interposición de reclamación o recurso.

[16] El art. 118.6 RPREA de 1996 sólo preveía la extensión de efectos respecto de actos de retención tributaria.

[17] Vid. Ruiz Toledano (2006: pp. 1-2) —del mismo autor (2009: p. 102)—; también Martínez Giner (2008: pp. 850-851).

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