1. Limitar el déficit y el endeudamiento públicos en la Constitución es una respuesta inadecuada a la crisis fiscal

Posted on 12 septiembre, 2011

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Escribo estas líneas cuando las Cortes Generales han concluido ya la tramitación de la vertiginosa reforma del artículo 135 de la Constitución. Desde su anuncio por el Presidente del Gobierno, el 23 de agosto pasado, aprovechando el debate de convalidación de uno de tantos decretos-leyes dictados por la imponente crisis económica y financiera que padecemos[1], hasta el día 7 de septiembre, fecha en la que el Senado ha aprobado la iniciativa, han transcurrido sólo quince días y, en realidad, la reforma ha llevado a nuestros diputados y senadores apenas unas cuantas horas de su actividad.

Entre tanto, y a pesar de lo sorpresivo de la proposición instada por el Presidente Zapatero, dado que no se daba ningún clima previo de reflexión acerca de una eventual reforma de la Constitución, han sido numerosas las voces que han mostrado su disidencia hacia el discurso de las dos principales fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario y valedoras de la primera modificación en sustancia[2] de la norma que se aprobó en 1978.

Académicos e intelectuales, editorialistas, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos no han desaprovechado espacios para oponerse al argumentario del Presidente para “establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las Administraciones Públicas”[3].

Sin embargo, ese empeño, al que hay que sumar las iniciativas de algunos parlamentarios de grupos minoritarios de la oposición, ha quedado en eso simplemente y no ha servido para variar un ápice el primer fruto del acuerdo político que suscribieron los partidos Popular y Socialista, la reforma del artículo 135 de la Constitución. El siguiente tocará recogerlo en la próxima legislatura y en la forma de una ley orgánica que detallará los pasos que habrán de darse hasta 2020 para la progresiva reducción del endeudamiento y déficit públicos.

Ya veremos si esta reforma, que ha dado la razón al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, pues como se ha visto, “la Constitución es una ley que se cambia fácilmente” —desde luego de manera mucho más simple si se compara con cualquier otra modificación legal y en un plazo más rápido que el que se suele emplear para convalidar un decreto-ley del Ejecutivo—, cumple también con la función que él mismo añadía irónicamente para oponerse hace unos meses a una iniciativa de reforma constitucional requerida por el candidato popular al mismo puesto, y “en un plis plas va a acabar con la crisis”[4].

Pero me temo que no sucederá así y que para nada está escrita la senda que habrá que recorrer a partir de ahora con la Constitución reformada; la cual, como viene sucediendo con todo un arsenal de preceptos en los que se configuraron derechos económicos y sociales que no han encontrado traducción práctica aún, puede que acabe en el desvan de propósitos incumplidos[5] o, mejor aún, como pieza de un derecho a conservar en el Museo del Hombre de París[6].

La globalización de la economía, aparte de haber generado un indudable yacimiento para el estudio de variados problemas que suelen abordar mis colegas especializados en fiscalidad internacional, ha devenido en un claro proceso de primacía de los intereses económicos privados frente a los intereses públicos que han de sustentar las decisiones políticas que tienen que plasmarse en reglas de Derecho.

El pulso se ha venido perdiendo desde esta última perspectiva, tanto en los tiempos de bonanza como en los que han seguido al estallido de la crisis. Y no parece que pueda atisbarse por el momento un cambio de tendencia, a pesar de que la actual coyuntura política, económica y social demandaría otro tipo de respuestas a dar desde el campo de las finanzas públicas.

Pero el encogimiento de los poderes públicos nacionales[7], factor que se agudiza en el contexto de recesión, choca con la obsesión de que todos tengan que seguir la estela ordenada unidireccionalmente por, y en salvaguardia de, la figura emblemática de “los mercados”. Y la inacción o el consentimiento de resultados nocivos auspiciados por los mismos (deslocalizaciones, privatizaciones de servicios públicos, desregulación, etc.) sólo barrunta, por ahora, si no se remedia la situación —y no parece fácil el cambio de timón—, que el inequitativo proceso de redistribución de rentas que se ha llevado a cabo en los últimos años, abocará una mayor desigualdad y elevará las cotas de desafección de los ciudadanos hacia los políticos, restringiendo todo ello las condiciones de ejercicio de la democracia.


[1] En concreto, se trataba del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 (publicado en el BOE, n.º 200, de 20 de agosto de 2011).

[2] Vid. Aizpolea, Luis R.: “PSOE y PP acuerdan que la cifra de déficit quede fuera de la Constitución”, El País, 24 de agosto de 2011.

[3] Vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 268, correspondiente a la sesión celebrada el martes 23 de agosto de 2011, p. 5.

[4] Vid. Cinco Días: “Zapatero y Rajoy acuerdan reformar la Constitución para limitar el déficit”, Cinco Días, 24 de agosto de 2011.

[5] Cfr. Bolaños, Alejandro: “El difícil compromiso del déficit cero”, en El País, 25 de agosto de 2011.

[6] Cfr. CAPELLA, Juan Ramón: Materiales para la crítica de la filosofía del Estado, Fontanella, Barcelona, 1976, p. 42.

[7] Cfr. Escudero, Manuel: “10 trazos de una realidad global desconcertada”, en El País, 31 de agosto de 2011.

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