5. Aspectos que se mantienen y novedades recogidas en el artículo 135 de la Constitución

Posted on 12 septiembre, 2011

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En el nuevo artículo 135 de la Constitución hay aspectos que se mantienen de la redacción anterior, aunque con diferencias en destinatarios y consecuencias que derivan ahora de lo preceptuado.

Por un lado está el principio de reserva de ley para la emisión de deuda pública y contracción de crédito que antes se refería al Gobierno (de la nación, se entiende) y ahora se gira en relación con el Estado y las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, la razonable garantía de los suscriptores que obliga a la inclusión automática del importe de los intereses y capital de la deuda pública en el estado de gastos de los Presupuestos de cada ejercicio, se sujeta ahora, tras la reforma, al señalamiento de que “su pago gozará de prioridad absoluta”, manteniéndose la interdicción plena de enmiendas o modificaciones —cuando se tramite la Ley de Presupuestos de cada año o una modificación legal de esos créditos presupuestarios—, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Esta última función la han venido desempeñando las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas, fijando el montante máximo de endeudamiento permitido cada año y teniendo que observar además las segundas las limitaciones impuestas en la LOFCA.

Las novedades incluidas con cierta redundancia en el precepto constitucional se refieren al principio de estabilidad presupuestaria, limitación del déficit y del endeudamiento público, además de contar con una expresa previsión de desarrollo posterior.

Por lo que se refiere al principio de estabilidad, que no se preveía antes por la Constitución, pero que sí encontraba acomodo en la legislación ordinaria y de desarrollo de la norma fundamental, el mismo sujetará las actuaciones de todas las Administraciones públicas, traduciendo sus efectos respecto de la posibilidad de incurrir en déficit de manera distinta en relación, por un lado, al Estado y Comunidades Autónomas y, por otro, a las Entidades locales.

El “déficit estructural” permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas tendrá que quedar dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea, salvo que se den circunstancias excepcionales —las previstas en la norma son: “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la sostenibilidad económica o social del Estado”— cuya sola producción no operará sino como causa que determine la necesidad de que el Congreso de los Diputados tenga que pronunciarse sobre la conveniencia o no de superar las determinaciones comunitarias; apreciación que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara.

En cuanto a las Entidades Locales, sin que se haya reparado en la distinción que actualmente prevé la legislación de estabilidad presupuestaria ni, tampoco, que entren en dicho ámbito las Diputaciones forales del País Vasco (que cuentan, como es sabido, con una posición y competencias financieras distintivas de los restantes órganos corporativos provinciales), todas tendrán que presentar equilibrio presupuestario.

Y, respecto del endeudamiento, aparte de la ya citada novedad consistente en la preferencia absoluta de pago a los suscriptores de deuda pública, se fija constitucionalmente la limitación de su volumen, respecto del Producto Interior Bruto del Estado, en el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; aunque si se dieran las circunstancias excepcionales que se mencionaron antes, también podría superarse ese margen.

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