7. La reforma constitucional es arbitraria, rígida y simplista en lo económico

Posted on 12 septiembre, 2011

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A la vista del contenido material del nuevo artículo 135 de la Constitución, las posibles lecturas que cabe realizar sobre el sentido de la reforma, se pueden agrupar según que se adopte una perspectiva económica, jurídica o política.

Así, desde el primer punto de vista, hay quien piensa que el establecimiento de un techo al gasto público puede acarrear efectos beneficiosos para la economía española en la medida en que se aprovechen las coyunturas expansivas para fomentar el ahorro de las Administraciones; aunque también puede conllevar un perjuicio sobre el crecimiento económico al limitar la inversión[1].

Las críticas realizadas por diversos autores se fijan en la escasa tradición de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, presente ya en nuestra legislación en su versión más restrictiva aprobada en diciembre de 2001 y posteriormente suavizada con la reforma que se hizo en el año 2006. Frente a lo expresado en esas normas, las cuentas públicas de nuestro país solamente arrojaron un saldo positivo, y en paralelo a ritmos de crecimiento económico elevados, en los años 2005 a 2007, aunque debe tenerse en cuenta la advertencia de quien entonces ocupaba la cartera de Economía y Hacienda sobre unos “ingresos hinchados” por la burbuja inmobiliaria y la modestia del superávit que se alcanzó[2].

Al desgranar el contenido del precepto, los economistas han llamado la atención sobre algunos de los conceptos fundamentales instaurados en la Constitución como son el del pago prioritario a los suscriptores de deuda pública, de inspiración americana —que, según como se interprete, veda la posibilidad de renegociación o reestructuración de la deuda, aún en situaciones extremas[3]— y la noción de déficit público estructural que ha de ser interpretada en los términos del acuerdo político con que el PP y el PSOE marcan el camino de la futura ley orgánica de desarrollo del artículo 135. De esta manera, la referencia no será el saldo absoluto que arrojen las cuentas de cada año, ni tampoco el límite del 3 % del PIB manejado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, sino el “saldo estructural” que corrige los efectos del ciclo económico en las partidas presupuestarias limitadamente, frente a lo que habría supuesto la prohibición de todo déficit[4].

En todo caso, del acuerdo político que habrá de trasladarse ahora a la ley orgánica que desarrolle el precepto constitucional modificado, resultan unas cifras arbitrarias de déficit estructural máximo (0,4 % del PIB) y sus correlativas para el Estado y Comunidades Autónomas (0,26 y 0,14 %, respectivamente) que, al igual que sucede con las magnitudes utilizadas en la Unión Europea[5], no se sabe bien de dónde han salido y su aleatoriedad parece deducirse que sólo respondan al método del “ojo de buen cubero”[6].

La estrechez de las anteriores cifras, salvo que sean gestionadas incurriendo en conocidos malabarismos contables, puede entrañar una renuncia al ejercicio consciente de la política fiscal, que se añadiría a la pérdida previa de la monetaria, y choca con la evidencia de los datos del comportamiento de las principales economías en las dos últimas décadas: ni Francia, ni Italia, ni Japón han logrado un déficit inferior al 0,4 % previsto en ese acuerdo. Entre los países que sí lo habrían cumplido, estarían Alemania en un año de los últimos veinte, Estados Unidos en tres años, el Reino Unido en cuatro y Canadá en doce. Pero, en esos veinte años, ni la “zona euro”, ni la OCDE en su conjunto, tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año[7].

Así las cosas, y como consecuencia de la simplista rigidez con que se trata de establecer el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, puede resultar un agravamiento en las condiciones económicas y sociales y un desarme de gobiernos futuros frente a las situaciones que vengan mal dadas, impidiendo la capacidad de elección de alternativas en su tratamiento[8]; equivaliendo, en suma, a imponer una dirección única para la conducción, sin atender a las curvas que puedan presentarse en el camino[9]. Frente a la obsesión de que no haya déficit a ultranza, parece más razonable erigir como variable de partida, no el saldo cero de los Presupuestos públicos, sino la disposición del capital social suficiente para la satisfacción, en todo momento, de las necesidades colectivas[10].


[1] Vid. La Nueva España: “Los juristas ven la reforma «impuesta» y «apresurada»”, La Nueva España (Diario Independiente de Asturias), 24 de agosto de 2011.

[2] Cfr. Bolaños, Alejandro: “El difícil compromiso del déficit cero”, ya citado.

[3] Cfr. Bolaños, Alejandro: “El pago de la deuda será la ‘prioridad absoluta’ para todas las Administraciones”, ya citado.

[4] Cfr. Bolaños, Alejandro: “El pago de la deuda será la ‘prioridad absoluta’ para todas las Administraciones”, ya citado; Borrell, Josep: “Medidas simbólicas, problemas reales”, ya citado.

[5] Vid. TORRES LÓPEZ, Juan: “¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda”, en el Blog Ganas de Escribir, 18 de mayo de 2010.

[6] Cfr. Gutiérrez Vegara, Antonio: “Un error, por los principios y por las cifras”, en El País, 1 de septiembre de 2011. También vid. FLORES, Gabriel: “Referéndum”, ya citado.

[7] Cfr. Lizoaín, David: “El insoportable error del 0,4%”, en el Blog David Lizoain, 26 de agosto de 2011. También críticos con esa cifra, vid. MORA, Antonio: “¿Déficit, deuda o límite de gasto?”, en Nueva Tribuna, 1 de septiembre de 2011; Navarro, Vicenç: “Entrevista al profesor Navarro sobre el pacto PSOE-PP” (entrevista realizada por la Asocicación de Estudiantes Progresistas de Cataluña sobre la propuesta pactada por el gobierno Zapatero con el PP de limitar el gasto público), en el Blog de Vicenç Navarro, 26 de agosto de 2011. En diferente sentido se ha manifestado TAGUAS, David: “Una regla fiscal en la Constitución”, en Cinco Días, 26 de agosto de 2011, para quien la regla acordada “no es un corsé para la política fiscal con fines estabilizadores, ya que su objetivo es independiente del ciclo económico y, por tanto del crecimiento. Limitar el déficit estructural al 0,35% del PIB permite un rango de variación del saldo presupuestario de las Administraciones Públicas entre el 2,65% del PIB, en las fases expansivas del ciclo, y el -3,35% del PIB en las fases recesivas, por lo que se permitiría el correcto funcionamiento de los estabilizadores automáticos, con un margen de 6 puntos del PIB. La regla permite además la utilización de la política fiscal discrecional para estabilizar la economía. El incremento del superávit estructural en las expansiones dotaría de margen de maniobra para la utilización de la política discrecional en las recesiones”.

[8] Vid. Torres López, Juan: “Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP”, en el Blog Ganas de Escribir, 26 de agosto de 2011.

[9] Vid. NUEVA TRIBUNA: “Un golpe de Estado económico” (recogiendo información de la Promotora estatal de la red de Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción), Nueva Tribuna, 24 de agosto de 2011.

[10] Cfr. Torres López, Juan: “Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP”, ya citado.

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