8. La deformación de la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho y la pérdida de centralidad presupuestaria del Parlamento en la reforma constitucional

Posted on 12 septiembre, 2011

2


Desde el Derecho, y obviando ahora las críticas vertidas por la premura impuesta a la reforma, la objeción fundamental al establecimiento en la Constitución del principio de estabilidad presupuestaria y sus derivaciones en cuanto a la restricción del déficit público y el endeudamiento de las diferentes Administraciones, pasa por la alteración que ello ha supuesto del orden político, económico y social que previeron los padres fundadores de la  norma fundamental y que si en algo se caracterizó fue, precisamente, por evitar la supremacía de un modelo frente a otras posibles alternativas.

La Constitución, entendida como una norma abierta y posibilitadora de la convivencia de diferentes ideologías y garantía de los derechos de todos los ciudadanos a través de la acción positiva de los poderes públicos, adquiere ahora una dimensión cerrada y que afecta, indudablemente, desvirtuándolo, al tipo de Estado social y democrático de Derecho que se configuró en 1978[1].

En esta dirección se ha señalado la profunda relación de las limitaciones que se han introducido con esta reforma constitucional respecto de la cláusula social del artículo 1.1 y con la obligación de resultado que fijó el artículo 9.2 para que los poderes públicos efectúen una permanente tarea positiva de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a la ciudadanía. La fijación de un tope máximo de déficit estructural en el 0,4 % del PIB, como se plantea en el acuerdo político fundante de la reforma, condenará a la inmovilidad de buena parte de la acción de las políticas públicas redistributivas de igualdad y de nivelación social, impidiendo la eficaz satisfacción del difuso catálogo de derechos económicos y sociales reconocidos en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. Con la apariencia de introducir una mera regla técnica o contable, se alcanza la línea de flotación de las exigencias de igualdad real, desgarantizando más de lo que ya lo estaban loables principios de la política social y económica[2].

Por otra parte, tampoco cabe duda de que la reforma representa una importante desvalorización de la función que corresponde desempeñar anualmente a las leyes de Presupuestos, agudizando aún más la pérdida de centralidad presupuestaria del Parlamento. Y se descuida que, pese a que también nos haya parecido criticable en otros momentos, legislar de ordinario para recoger principios y reglas que no hacía falta regular, dada su ya explícita previsión en el Derecho comunitario, una cosa es que la estabilidad presupuestaria y el control del gasto público, la limitación del déficit o de la deuda aparezcan formalizados en leyes ordinarias y otra cosa bien distinta es que se integren en el marco constitucional definitorio del Estado y de las acciones de los diferentes poderes públicos. Por ello, mucho nos tememos que, en lugar de resultar una ventaja la constitucionalización que se ha procurado, termine por generar problemas[3]que sugieran modificar de nuevo la Constitución o simplemente dejar de aplicarla.


[1] Vid. Baylos, Antonio: “Golpe de mano”, ya citado.

[2] Vid. Baylos, Antonio: “Golpe de mano”, ya citado; también De Velasco, Luis: “Reforma constitucional rechazable en forma y fondo”, ya citado.

[3] Vid. Blanco Valdés, Roberto L.: “Un disparate jurídico y político”, ya citado.

Posted in: Sin categoría