3. El estrambótico procedimiento parlamentario exprés empleado en la reforma de la Constitución

Posted on 12 septiembre, 2011

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Antes de valorar las consecuencias de la reforma, conviene examinar su contenido y también el procedimiento elegido para su tramitación, con la sola intervención parlamentaria urgente y en lectura única, sin admisión de enmiendas de otros grupos y descartando enteramente la posibilidad de que se diera una participación ciudadana directa a través de un referéndum.

Desde la perspectiva formal, no puedo estar más de acuerdo con quienes han calificado de vergonzante y vergonzosa[1] a la denominada “reforma constitucional exprés”. El calificativo lo merece, desde luego, a tenor del momento elegido para ser anunciada, en el tiempo de descuento que resta a la presente legislatura[2]; aprovechando la interrupción de las vacaciones (parece que a las reformas constitucionales, como ya sucedió con la que se produjo en 1992, les gusta el mes de agosto[3]) para votar la convalidación de una ley de urgencia dictada por el Ejecutivo, sin que nadie —descontando a los candidatos popular y socialista a la presidencia y algún que otro miembro del Gobierno— pudiera imaginarse que iba a ser testigo de una propuesta de tanta trascendencia, sin un debate previo con los grupos parlamentarios, tramitándose como un auténtico bólido y alcanzando la aprobación de un Parlamento políticamente vencido y que será disuelto muy poco después[4].

El aprovechamiento de los cauces parlamentarios que habilitan la declaración de urgencia para la tramitación (arts. 93 y 94 del Reglamento del Congreso), así como que ésta se realice directamente y en lectura única (art. 150 de la misma norma) —desconociendo que en este trámite resulta, cuando menos discutible la inclusión de una reforma constitucional, pues el precepto alude a “cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita…”— no puede ser de recibo, pareciéndonos absolutamente rechazable[5], aparte de que se ha prescindido de la participación preliminar de órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Económico y Social) y de coordinación con las Haciendas territoriales menores (Consejo de Política Fiscal y Financiera y Comisión Nacional de Administración Local), dando muestras de poco rigor y ausencia de serenidad[6].

La tramitación récord de la reforma constitucional ha sido coherente con el estrambótico momento elegido para su indicación y ha procurado limitar al máximo el debate público sobre su contenido y consecuencias, así como la capacidad de reacción de las minorías y de los ciudadanos, dando muestra de una vocación antidemocrática a pesar de la clara incidencia que aquélla tiene en la financiación futura de políticas públicas y en la capacidad de las mismas para traducir eficazmente, o convertirlos en simple entelequia, legítimos derechos económicos y sociales previstos en la Constitución[7].


[1] Cfr. Baylos, Antonio: “Golpe de mano”, en Nueva Tribuna, 25 de agosto de 2011.

[2] Vid. Vázquez, Pablo: “Reforma constitucional y Comunidades Autónomas”, ya citado.

[3] Cfr. Martínez Dalmau, Rubén: “¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?”, en Las Provincias, 27 de agosto de 2011.

[4] Vid. Blanco Valdés, Roberto L.: “Un disparate jurídico y político”, en ABC, 27 de agosto de 2011. Texto consultado en el Diario del Derecho de Iustel, 30 de agosto de 2011.

[5] Vid. De Velasco, Luis: “Reforma constitucional rechazable en forma y fondo”, ya citado.

[6] Vid. González Trevijano, Pedro: “Sí con el fondo, no con la forma”, en ABC, 27 de agosto de 2011. Texto consultado en el Diario del Derecho de Iustel, 30 de agosto de 2011.

[7] Vid. Baylos, Antonio: “Golpe de mano”, ya citado.

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