14. Del constitucionalizado “santo temor al déficit” al resucitado impuesto “extraordinario” sobre el patrimonio

Posted on 18 septiembre, 2011

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El autor del Blog delante de un elemento patrimonial de Caissargues, Francia

Desde hoy está vigente el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio en virtud del decreto-ley (¡otro más!) que ayer publicó el BOE. En el debate de una norma similar, también basada en la urgencia con la que el Gobierno se mueve en los últimos días de la legislatura, sirvió para que el Presidente Zapatero anunciase el acelerado proceso de reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha ilustrado muy bien sobre la complacencia de nuestros dirigentes políticos en la adopción, por ahora en solitario (aunque haya anuncios que apuntan en esa misma dirección desde países vecinos), del trazado marcado por el eje franco-alemán imperante en la toma de decisiones europea frente a la crisis; siguiendo un sesgo bien diferente del que se viene planteando desde el otro lado del Atlántico.

La constitucionalización de las restricciones al déficit público, así como a las posibilidades de recurrir a la deuda por las Administraciones públicas, representa uno de los frutos destacados de un discurso muy fácil de acometer, incluso desde gobiernos que no se han destacado, precisamente, por la gestión austera y responsable de las finanzas públicas en el pasado. Deja patente, además, que hay un acuerdo bipartidista de fondo que sirve de patrocinio del dictado de los mercados y también hace presuponer que la mayoría de los ciudadanos lo habrían respaldado si se les hubiera dado la oportunidad de hacerlo.

Pero, al llevar a nuestra norma fundamental esa preocupación financiera, se restringe el margen de maniobra público en el futuro, variando profundamente el modelo estatal diseñado en 1978, cuando eran otras las inquietudes y el clima general en que se desenvolvían las relaciones de las principales fuerzas políticas entre sí y con los ciudadanos.

Cuando se aprobó nuestra Constitución, en efecto, así como en los años posteriores inmediatos que siguieron, lo que se produjo fue una puesta al día de España y sus instituciones, afectando a todos los campos y procurando un desarrollo progresivo de la democracia.

Por aquel entonces, los ministros de finanzas de la transición, no incurrían en la obsesionada visión del juego de “suma cero” con que deben saldarse los ingresos y gastos presupuestados. Pero, era lógico, dada la amplia brecha que nuestro país padecía en relación con los países desarrollados con los que trazar la comparación.Primaba la satisfacción de demandas sociales, la ampliación del stock de capital y de infraestructuras, garantizar la sanidad, la educación…

Y el equilibrio presupuestario (regla que, a fin de cuentas, es mucho más inteligible que la que han determinado estadísticos y contables europeos) era como una meta inalcanzable, por lo que no debía obsesionar la rápida consecución de algo equivalente a la “cuadratura del círculo” para el método geométrico.

No deja de ser sino una coincidencia que intentos algebraicos para solucionar este dilema fuesen bien conocidos mucho antes para un importante Ministro de Hacienda patrio al que se suele recurrir cuando se trata de ilustrar sobre la necesidad de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas.

En efecto, José Echegaray y Eizaguirre, polifacético personaje de finales del XIX, matemático, dramaturgo y político, sólo un año después de obtener el Nóbel de Literatura (1904), al volver a desempeñar la cartera de finanzas, bajo el reinado de Alfonso XII, efectuó una conocida comparación: “Para el creyente, la salvación está en el santo temor de Dios; para todo Ministro de Hacienda, para los Gobiernos, para el país, la salvación está en el santo temor al déficit. Y si no queréis hacerlo santo, decid en el patriótico temor del déficit”.

Pues bien, ya contamos ahora, con la santificación (perdón, quise decir constitucionalización) de ese temor del déficit, lo que me recuerda (pido disculpas de nuevo por la digresión) que, cuando se aprobó nuestra norma fundamental, un senador de Soria que había sido antes procurador de las Cortes franquistas, Fidel Carazo Hernández, propuso que el artículo 1.º de la Constitución comenzase señalando que “España reconoce a Dios como fundamento inspirador del Derecho…”, contestándole el más conocido en su trayectoria durante la dictadura y que a la sazón era también senador, Torcuato Fernández-Miranda, con la indicación de que “todo lo que está en un artículo jurídico tiene que ser operativo y eficaz o carece de sentido”.

Entonces, se soslayó la constitucionalización de mención tan trascendental para los creyentes en Dios; ahora, en cambio, tenemos el santo temor del déficit encumbrado en la primera norma de nuestro ordenamiento. A partir de ahora toca aplicarlo y ver su operatividad y eficacia, algo sobre lo que ya se tenían pistas en la legislación ordinaria sobre estabilidad presupuestaria incumplida a lo largo de estos años y que puede corroborar su carencia de sentido.

Pero el debate sobre la reforma constitucional terminó tan pronto como vino y en estos días el trending topic lo ha marcado el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio, o “sobre los ricos”, como suele plantearse de manera interesada, tanto por quienes lo defienden, como por sus detractores.

Con el decreto-ley 13/2011 se demuestra la persistente postergación de reformas de calado y sistemáticas de nuestra fiscalidad, escogiendo la fórmula mucho más simplista de la modificación puntual de una figura. Y no se piense que, en el tiempo de descuento hasta las próximas elecciones, hubiera sido preferible acometer una reforma fiscal más profunda. Pero la coyuntura ha vuelto a imponerse y, aparte de las razones que avalan diferencias de gravamen atendiendo al principio de capacidad económica, posiblemente lo que haya decidido finalmente resucitar el impuesto sobre el patrimonio ha sido la agenda electoral del día a día de uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno, sin meditar suficientemente sobre la decisión de aplicar el impuesto sólo en los años 2011 y 2012, además de abrir un nuevo flanco en el conficto financiero entre el Estado y las Comunidades Autónomas, desatendiendo la necesaria coordinación y mutua lealtad que debería primar en esas relaciones.

El impuesto sobre el patrimonio ha estado vigente desde su inclusión en el paquete de medidas de una de las primeras leyes aprobadas en la legislatura constituyente (Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal). Entonces se le atribuyó un carácter “excepcional y transitorio”, pero, en realidad, nunca fue un impuesto extraordinario, salvo que la nota advirtiera de su escasa potencialidad recaudatoria, denotándose más como un gravamen de control de otras figuras como el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Después de su temprana configuración como un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, las sucesivas reformas de la financiación territorial abocaron a su caracterización compartida en cuanto a las competencias normativas que ejercen aquéllas y el Estado. El remate de un planteamiento ya antiguo del Presidente del Gobierno vino dado por la miope decisión —cuando la crisis financiera internacional se hacía evidente— de suprimir su aplicación, al establecer una bonificación general del 100 por 100 de la cuota, lo que determinaba un resultado aritmético de “cero”, independientemente del valor del patrimonio neto antes de aplicar la tarifa, eliminando la obligación de declarar el impuesto (Ley 4/2008, de 23 de diciembre) e impidiendo que las Comunidades Autónomas pudieran fijar sus propias posiciones sobre la fiscalidad patrimonial.

Pero al mismo “plan de gobierno” del partido que suprimió de facto el tributo, aunque no de iure, ha sucedido ahora el restablecimiento fundado en la gravedad de la crisis como argumento de superficie de la “extraordinaria y urgente necesidad” que se requiere para dictar un decreto-ley.

No tengo ninguna duda de que con la benevolente interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido dedicando a la gran mayoría de decretos-leyes y, aún más, con la explícita matización de su doctrina a partir del año 1997, no es dudoso que el impuesto restablecido —del que no se puede afirmar, desde luego, que represente una “figura central” del sistema— pudiera superar con éxito el rubicón constitucional, aunque para comprobar ese dato tendría que ser previamente impugnado.

Dejando aparte los aspectos técnicos que complementan la reimplantación del gravamen —resucitando preceptos en la Ley 19/1991 (arts. 6, 33, 36, 37 y 38) que se derogan a la vez con efectos de 1 de enero de 2013—, la medida procura restringir subjetivamente el alcance del impuesto sobre el patrimonio (aunque todavía existan dudas sobre el número potencial de contribuyentes afectados), aumentando el límite de la exención por vivienda habitual del contribuyente hasta los 300.000 euros (en lugar de la mitad a que ascendía antes) y determinar, para el caso de que las Comunidades Autónomas renuncien a su regulación, un mínimo exento de 700.000 euros (casi siete veces mayor que el que figuraba anteriormente), evitando así su incidencia sobre “patrimonios medios”.

Pero el impuesto restablecido demuestra ahora su carácter “extraordinario” y revela también que no estamos ante una medida de amplio aliento, sino sólo ante un parche que se aplicará en 2011 y 2012, volviendo después a operar la bonificación general del 100 por 100 desde 1 de enero de 2013. Claro está, que hacer previsiones sobre los derroteros que seguirá la legislación futura carece de sentido y priva también por ello de razón al decreto-ley dictado, pues no vincula ni limita las decisiones que se puedan dar en la próxima legislatura.

Sólo una cosa más: algunos ministros del actual Gobierno han mostrado sus diferencias de interpretación sobre uno de los efectos que pueden derivar del restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio. ¿Debe continuar el Estado compensando a las Comunidades Autónomas por la supresión del gravamen patrimonial, una vez que el mismo ha vuelto a la vida?

Sin ánimo alguno de terciar en esa polémica de pacotilla, la compensación financiera en cuestión resultó aprobada en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, para los años 2009, 2010 y 2011, comprometiendo al Estado a trasferir a cada Comunidad el importe del impuesto sobre el patrimonio calculado con la recaudación de 2008. Es evidente que la revivida figura no es, pese a las modificaciones introducidas, ninguna otra diferente a la que ya existía, por lo que no debe implicar la necesaria supervivencia de la compensación estatal para 2011 mientras se comprueba el grado de compromiso real de las Comunidades Autónomas (más bien escaso, por lo que se ha venido difundiendo estos días) en ejercitar sus competencias sobre el impuesto restablecido.

No estamos, pues, ante una compensación prevista en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, sino en una ley ordinaria. Pero, tampoco debe haber duda de que los decretos-leyes no pueden comportarse como el conocido “bálsamo de fierabrás”, capaz, con una sola gota de ahorrar tiempo y escoger las medicinas apropiadas.

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