19. Normativa y principios de la ejecución de resoluciones tributarias

Posted on 10 noviembre, 2011

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No podemos entretenernos a considerar, ni siquiera superficialmente, los entresijos de la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. Lógicamente, ésta habrá que encontrarla en una legislación que excede el puro interés de la materia tributaria y que, por su mayor familiaridad con la misma, radica sobre todo en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (arts. 103 a 113).

Por lo que se refiere a la ejecución de resoluciones, el silencio de la Ley General Tributaria —que choca con la regulación detallada que se ha procurado hacer del régimen jurídico de las reclamaciones económico-administrativas—, otorga un papel principal, aunque incompleto y poco sistemático, al Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa (RD 520/2005, de 13 de mayo)[1]; cuyo Título V se encarga de dicha problemática, distinguiendo por una parte, en su capítulo primero (arts. 66 a 71), las normas generales sobre ejecución de resoluciones de otras específicas, referidas a las resoluciones económico-administrativas y de las que dimanan de los tribunales de justicia; mientras que en el capítulo segundo (arts. 72 a 79) se trata del reembolso del coste de las garantías aportadas para la suspensión de los actos tributarios.

Ciñendo nuestro comentario al primer núcleo de preceptos del RGRVA, realizaremos algunos apuntes, de manera muy sumaria, sobre el contenido de dicha regulación, distinguiendo los siguientes aspectos: 1.º Principios de la ejecución de resoluciones; 2.º Órganos competentes y plazos para la ejecución; 3.º Contenido de la ejecución, según el tipo de resolución adoptada, y 4.º Incidente de ejecución, aclaración y extensión de resoluciones económico-administrativas y de sentencias judiciales.

El RGRVA (art. 66) arranca con un enunciado que recuerda el planteamiento de la LJCA sobre las sentencias, al señalar que “los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos”. Pese a que la norma reglamentaria no deduzca idéntica consecuencia con la que la ley jurisdiccional (art. 103.4) resuelve las actuaciones contrarias a los fallos judiciales para eludir su cumplimiento, no cabe duda de la nulidad de pleno derecho de los actos de ejecución fraudulenta de las resoluciones[2].

La extralimitación de los términos de una resolución en un acto de ejecución es, en sí misma, como ha señalado la RTEAC de 15 de julio de 2004, “causa suficiente para provocar la anulación del citado acto de ejecución en la parte afectada por la extralimitación”.

Aparte de este principio de inalterabilidad, como actos administrativos que son, las propias resoluciones administrativas y económico-administrativas gozan de presunción de legalidad, ejecutividad y ejecutoriedad[3], siendo la suspensión, como medida cautelar[4], el único medio que puede impedir la ejecución de las resoluciones tributarias[5].

Completando el cuadro de los principios está el de autonomía procedimental que consagra el párrafo segundo del artículo 66.2 del RGRVA, al establecer que “los actos de ejecución no formarán parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnación”.

Se ha resaltado esta “novedad” reglamentaria[6] que, sin embargo, se limita a revalidar la postura tradicional administrativa[7], confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo[8] (acerca del art. 31.4 del anterior RGIT), y el planteamiento que, bajo la vigencia de la LGT-1963, hiciera la doctrina científica, con las únicas voces disonantes de algunos Tribunales Superiores de Justicia[9].

Así las cosas, los actos de ejecución que lleven a cabo los órganos de gestión, inspección o recaudación, como consecuencia de la revisión efectuada, no forman parte del procedimiento revisado, con la específica y muy comentada previsión que realiza el artículo 150.5 de la LGT para los supuestos en que las resoluciones judiciales y económico-administrativas hayan apreciado un vicio de forma y ordenen la retroacción de las actuaciones inspectoras; solución legal ésta divergente de la que, con carácter general, consagra el artículo 66.2 del RGRVA[10] y que impone el regreso al momento en que el vicio se cometió, continuando el procedimiento con el límite temporal señalado legalmente[11].


[1] Vid. Ruiz Toledano (2006: p. 4) —y del mismo autor (2009: pp. 80-81)—; también Martínez Giner (2008: pp. 806-807).

[2] Vid. Sánchez Pedroche (2006: p. 984). También vid. Martínez Giner (2008: pp. 810-811), advirtiendo como una posible excepción al principio de inalterabilidad en el contenido de la ejecución, la que vendría impuesta por la prohibición de reformatio in peius, incorporada en el artículo 223.4 LGT para el recurso de reposición, pero extrapolable a la totalidad de procedimientos de revisión, tanto en vía administrativa como judicial.

[3] Vid. Ruiz Toledano (2006: p. 5) —y del mismo autor (2009: p. 82)—; también Martínez Giner (2008: p. 811). Aunque, con frecuencia, se manejen como términos intercambiables, ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos son aspectos a diferenciar, teniendo el primero que ver con la validez y el segundo con la eficacia de los actos. Por todos, vid. Barcelona Llop (1995).

[4] Vid. arts. 224 y 233 LGT en relación con la suspensión en reposición y en la vía económico-administrativa, respectivamente.

[5] Vid. Martínez Giner (2008: p. 812). Como se encarga de precisar el propio RGRVA (art. 66.1 segundo párrafo), el recurso de alzada ordinario carece de virtualidad suspensiva.

[6] Vid. Martínez Giner (2008: pp. 815-816); también Soler Roch (2009: p. 2); Murillo Ruiz (2006: p. 403); Eseverri Martínez (2007: p. 10).

[7] Vid. Ruiz Toledano (2006: p. 10) —y del mismo autor (2009: p. 85)—. Entre otras, vid. RRTEAC de 9 de marzo de 1994; 22 de febrero de 1995; 22 de noviembre de 1995; 6 de marzo de 1996; 14 de mayo de 1998; 6 de octubre de 2000; 28 de mayo de 2001; 13 de septiembre de 2002; 26 de marzo de 2004; 27 de octubre de 2006 y 28 de abril de 2009.

[8] Vid. SSTS de 6 de junio de 2003; 30 de junio de 2004; 4 de octubre de 2004. También vid. SSAN de 7 de junio de 2007 y 14 de noviembre de 2007.

[9] Vid. SSTSJ Islas Baleares de 19 de mayo de 2000; Andalucía (Sevilla) de 23 de enero de 2002; Comunidad Valenciana de 3 de mayo de 2002, 15 de enero de 2003, 17 de enero de 2003 y 25 de noviembre de 2008.

[10] Ello ha motivado dudas sobre la legalidad del precepto reglamentario. Vid. De Torres Romo (2006: p. 2027).

[11] Como el art. 150.5 LGT se refiere al procedimiento inspector, las actuaciones han de concluir en el plazo que reste de aquél —cuya duración es de un año (ampliable por otro más)— o en seis meses si el período subsistente fuese menor.

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