25. Ejecución de resoluciones sobre comprobaciones de valor y límites a la retroacción de actuaciones

Posted on 10 noviembre, 2011

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Ha sido con ocasión del complejo ámbito de la actividad de comprobación de valores como se ha alcanzado una situación de cierta paz jurisprudencial[1] que viene a establecer que la Administración sólo tiene dos oportunidades de acertar, de manera que si el segundo acto de comprobación de valores, dictado en sustitución del primero declarado nulo, resultase también objeto de anulación en vía de recurso, se tendrá por bueno y firme el valor declarado en su día por el contribuyente, ya que deviene imposible que la Administración dicte un tercer acto de comprobación.

Esta línea de interpretación, como se ha sugerido por la doctrina, podría proyectarse sobre cualquier otra causa formal de invalidez (por ejemplo: errores de notificación, falta de motivación, indefensión, etc.) impidiendo que se reitere una orden de retroacción y que esta misma sólo pueda darse si así lo establece de manera expresa el Tribunal que acordó la anulación del acto recurrido[2]. No faltan, sin embargo, planteamientos que sugieren una cierta fragilidad en este razonamiento jurisprudencial que legitima, por razones de interés general, una segunda oportunidad para acertar. ¿Porqué solamente una segunda vez, y no una tercera o cuarta, cuando el monto del acto administrativo sea de cuantía elevada? ¿No se satisfaría mejor ese maleable interés en recaudar si se reitera, una y otra vez, la oportunidad para que, quizás, a la enésima sea la vencida y se actúe correctamente?[3]

Quedándonos ahora con algunos de los pronunciamientos más recientes, tenemos, por ejemplo, la Sentencia del TSJ de Castilla y León, de 15 de mayo de 2009, en la que se anula una comprobación de valores por motivación insuficiente del dictamen del perito de la Administración, al faltar el conocimiento de la totalidad de los datos del estudio de mercado que servían de fundamento a alguno de los coeficientes aplicados y no constar, tampoco, la exploración personal del inmueble, ni las razones que excusaron la visita al bien objeto de la valoración. La invalidez de la comprobación se complementa con la orden de retroacción de actuaciones.

El mismo Tribunal, en Sentencias de 25 de septiembre de 2009, 5 de febrero de 2010 y 26 de febrero de 2010, rechaza dar una tercera oportunidad a la Administración, condenándola a pasar por el valor declarado por la interesada, por mucho que sea irrisorio, en casos también ligados a comprobaciones defectuosas e inmotivadas en la aplicación de coeficientes, omisión de la inspección personal, desconocimiento de datos del valor de mercado, etc.

El TSJ de Andalucía, en Sentencia de 26 de octubre de 2009, hace suyos los criterios del Tribunal Supremo[4], pero desestima el recurso de la Junta de dicha Comunidad y no la otorga la posibilidad de retrotraer las actuaciones, porque la anulación del expediente de comprobación de valores por el TEAR se debió a una aplicación errónea de unos valores no vigentes a la fecha en que aquella se practicó.

Por su parte, el TSJ de Galicia, en Sentencia de 18 de noviembre de 2009 resuelve conceder a la Administración una nueva posibilidad por deducir que el perito designado por el contribuyente no era idóneo, al carecer del título adecuado, a pesar de que cuando se comunicó la designación a la Administración, ésta no manifestó ninguna oposición y mantuvo la comprobación de valores y liquidación consecuente.

Para cerrar el recorrido sobre retroacción de actuaciones de comprobación de valor de bienes y derechos, tenemos tres nuevas sentencias del Tribunal Supremo en las que mantiene su línea interpretativa.

La STS de 25 de noviembre de 2009 estima el recurso de casación interpuesto contra una STSJ de Galicia que había confirmado una primera Resolución del TEAR, aunque en otra posterior —estando ya en trámite el recurso de casación— había anulado la segunda comprobación de valores practicada. Sobre este último extremo el representante de la Xunta de Galicia se limitó a manifestar que no era posible discutir si existía o no y que, en caso de que existiera, no había sido objeto del pleito de primera instancia. El Tribunal Supremo contradice dicha argumentación por insuficiente, señalando que “el representante de la Junta estaba obligado a desvirtuar el valor del documento aportado so pena de aceptar la inexorable nulidad de los actos impugnados, pues ya no puede ser rechazado el vicio de que adolece, la fijación de la correcta valoración de los bienes transmitidos”. Y resuelve declarando que “no puede sostenerse la posibilidad de que la Administración, indefinidamente, pueda reproducir una valoración después de haber sido anulada por causa a ella sola imputable, como ocurre en los casos de ausencia o deficiencia de motivación”.

La STS de 24 de mayo de 2010 desestima el recurso de casación en interés de ley que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una STSJ de esa Comunidad[5] que había declarado la nulidad de plano y negaba la posibilidad de la retroacción facultada por el TEAR al anular la liquidación practicada por estar insuficientemente motivada y haberse omitido el trámite de audiencia. El TSJ de Cataluña basó su fallo en la infracción de derechos constitucionales, la falta de procedimiento con el consiguiente defecto de soporte y la falta de elementos materiales y formales que sostengan el acuerdo administrativo. Esta argumentación facilitó que, en el incidente de ejecución de sentencia, el TSJ declarase la imposibilidad de iniciar un procedimiento sancionador que subsanase el déficit de motivación, por lo que los acuerdos sancionadores eran nulos de pleno derecho. En su Sentencia, el Tribunal Supremo reincide en su doctrina[6] sobre el requisito de la motivación como un elemento meramente formal del acto administrativo, admitiendo, aunque con límites, la retroacción de actuaciones; diferenciándose así de lo apreciado por el TSJ de Cataluña[7].

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2010 estima el recurso de casación  para la unificación de doctrina interpuesto por la Administración General del Estado contra una STSJ de Madrid que había declarado la nulidad por falta de motivación de una comprobación de valores, así como de la liquidación resultante. La sentencia impugnada y la sentencia de contraste[8], ambas de la misma Sala y Sección, llegaron a conclusiones diferentes. La primera, ya se ha dicho, optó por la nulidad de pleno derecho sin otorgar nueva oportunidad, mientras que la segunda recogía la jurisprudencia del Supremo y aunque declaraba también la nulidad, por motivación insuficiente, de la comprobación de valores, no anudaba sin más dicho efecto a la liquidación girada y facultaba a retrotraer actuaciones a la Inspección. Así las cosas, el Tribunal Supremo reconoce el derecho de la Administración a practicar por una sola vez una nueva valoración adecuadamente motivada, señalando que será la fecha de la liquidación que resulte de la nueva comprobación de valores la que deba ser tomada como dies a quo del devengo de intereses, porque sólo a partir de entonces existirá una deuda líquida que fuera exigible[9].


[1] Vid. Villaverde Gómez (2002: p. 1); también Caamaño Anido (2010: p. 12) y, más ampliamente, Malvárez Pascual (2001: pp. 21 y ss).

[2] Vid. Caamaño Anido (2010: p. 12).

[3] Vid. Bosch Cholbi (2010b: p. 10).

[4] Vid. SSTS de 29 de diciembre de 1998 y 7 de octubre de 2000.

[5] Vid. STSJ de Cataluña, de 12 de febrero de 2009.

[6] Aparte de las citadas en una nota anterior, vid. SSTS de 26 de enero de 2002, 9 de mayo de 2003, 19 de septiembre de 2008, 22 de septiembre de 2008 y 29 de junio de 2009.

[7] En el voto particular formulado por el Magistrado D. Emilio Frías Ponce, al que se adhiere D. Juan Gonzalo Martínez Micó, se sostiene que “resulta muy difícil mantener que, cuando se gira una liquidación, la motivación constituye un requisito meramente formal, no material y de fondo, pues, en la aplicación del Derecho tributario, ningún otro acto tiene tanta relevancia como la liquidación, no solo porque determina y exige una deuda tributaria al contribuyente, con carácter ejecutivo, sino también por las consecuencias que se derivan, por lo que necesita encontrar una causalización, y el hecho o conjunto de hechos que la justifiquen deben explicitarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó. En definitiva, estamos ante un elemento sustancial que guarda una íntima relación con la causa, motivos y fin de los actos”.

[8] La sentencia impugnada era la STSJ de Madrid, de 3 de marzo de 2004, mientras que la de contraste fue la STSJ de Madrid, de 5 de noviembre de 2003.

[9] En el voto particular formulado por el Magistrado D. Emilio Frías Ponce se considera que debía de haberse desestimado el recurso para unificación de doctrina, insistiendo, por otro lado, en que “la falta de motivación o motivación insuficiente de una liquidación tributaria no supone un vicio formal que permita retrotraer las actuaciones”.

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