27. Invalidez de resoluciones sancionadoras

Posted on 10 noviembre, 2011

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Conviene volver a traer algunos temas para observarlos desde la perspectiva de su incidencia en el Derecho Sancionador Tributario.

En esta sede, doctrina y jurisprudencia han resaltado que no es dable la desconsideración por las formas que se observa, con carácter general, en el Derecho Administrativo y en el ámbito de las actuaciones de aplicación de los tributos[1]. La relevancia y necesaria regularidad del procedimiento se presenta de modo diferenciado al incidir sobre la capacidad de sanción de la Administración tributaria[2], dada la preeminente protección que la Constitución brinda al derecho fundamental a la legalidad sancionadora y a un procedimiento punitivo con todas las garantías. De esta manera, la lesión de tales derechos, amparados constitucionalmente, al igual que si las sanciones fueron dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y territorio, o si se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento sancionador legalmente establecido, ocasionarán la nulidad de pleno derecho de los acuerdos sancionadores; determinando su mera anulabilidad la infracción de trámites no esenciales para la formación de la decisión punitiva, al igual que los defectos de forma que trasciendan de meras irregularidades no invalidantes por ocasionar indefensión de los interesados.

Ya se ha visto que, en la jurisprudencia, la falta de motivación viene presentándose como una especie de tertium genus entre los requisitos de fondo de los actos y los defectos de forma[3]. Sin embargo, en el procedimiento sancionador, se revela como una causa de nulidad absoluta[4] por exigencias del principio de culpabilidad[5] y del derecho a la defensa.

Así se ha razonado en diversas sentencias que consideran que comporta un vicio de nulidad radical la imposición de una sanción sin otorgar una oportunidad real de defensa (STSJ de Madrid, de 21 de febrero de 2005), por lo que se estaría imponiendo de plano aquélla o, incluso, cuando no constan en el expediente notificación alguna de los trámites del procedimiento, como el preceptivo de audiencia, a salvo de la propia resolución sancionadora (STSJ de la Comunidad Valenciana de 11 de abril de 2005)[6].

El propio Tribunal Constitucional se ha referido al hecho de que el proceso contencioso-administrativo —y el argumento vale, desde luego, también para la vía de revisión económico-administrativa—, que no es un contencioso-sancionador de donde resulte que los jueces sean quienes impongan las sanciones —tarea ésta que incumbe a la Administración en virtud de la potestad que tiene reconocida—, no puede servir nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales causadas por los órganos sancionadores (STC 59/2004, de 19 de abril).

Sólo un apunte más en relación con la materia sancionadora y que afecta a las reducciones por conformidad y pronto pago (art. 188.3 LGT) para los casos en que se anulen las liquidaciones o sanciones previamente impuestas[7]. Frente al rechazo que los órganos económico-administrativos hacen de la posibilidad de disfrutar de la reducción de las sanciones por conformidad a la liquidación cuando ésta ha sido objeto de anulación[8], los tribunales de lo contencioso parece que van flexibilizando esa doctrina.

Así, cabe traer a colación las Sentencias del TSJ de Madrid, de 29 de octubre de 2008 y del TSJ de Andalucía, de 12 de marzo de 2009. En esta última se afirma que la “disconformidad inicial, cuando la primera liquidación es anulada, no puede considerarse como impeditiva de prestar acuerdo respecto a la que se gire en sustitución de la declarada nula”, obteniendo de ese modo el beneficio que derivaría de la conformidad prestada a las liquidaciones sustitutivas de las anuladas judicialmente.


[1] Vid. Almudí Cid (2010: pp. 1047 y ss).

[2] Vid., por ejemplo, STSJ de la Comunidad Valenciana, de 14 de marzo de 2007.

[3] Ibídem.

[4] Vid. Alonso Mas (2003: p. 209); también Almudí Cid (2010: p. 1052); Sanz Clavijo (2010: p. 152).

[5] Vid. STSJ de Madrid, de 26 de mayo de 2008.

[6] También vid. STSJ de la Comunidad Valenciana, de 15 de julio de 2004.

[7] Vid. Almudí Cid (2010: p. 1060); también Cayón Galiardo (2010: pp. 10 y ss).

[8] Por ejemplo, vid. la RTEAC de 12 de julio de 2006. Téngase en cuenta también la STS de 5 de marzo de 2004.

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