31. Delimitación inicial sobre la autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales

Posted on 1 diciembre, 2011

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La oportunidad del encuentro que nos concitó en la Complutense sobre “La autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales”  puede justificarse por la especificidad del tema a tratar —lo que le hace muy poco propicio para ser expuesto en ámbitos más generales—, que para nada debe confundirse con sencillez. Ésta, en todo caso, sería mera apariencia de los numerosos recovecos en los que el estudioso podría perderse, con nada que trate de profundizar en el resbaladizo asunto de la autonomía parlamentaria y sus correlativas facultades de aprobación, gestión y control del presupuesto de las Cámaras. Pero es que, además, el seminario, alcanza también al tratamiento de la autonomía de que gozan, a estos efectos, los restantes órganos constitucionales del Estado, surgiendo entonces conceptos como el de la propia autonomía, ligada a la soberanía e independencia del poder legislativo (también del judicial) frente al poder ejecutivo; la artificiosa técnica de la personalidad jurídica y su eventual reconocimiento a complejos orgánicos diferenciados de la Administración del Estado; el reconocimiento y carácter que revisten los órganos constitucionales y/o de relevancia constitucional, así como su encuadramiento o no en el concepto de sector público estatal desde la perspectiva de la presupuestación y ejercicio del control; la posición institucional del órgano supremo encargado de esa función fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas, y su dependencia funcional del Parlamento; la extensión y límites del control presupuestario que dicho organismo ha de realizar, habida cuenta del principio de autonomía y la dependencia parlamentaria advertida; la naturaleza de los grupos parlamentarios y de las subvenciones —así llamadas, a pesar de que no respondan, realmente, a la naturaleza de dicha figura— que reciben de las Cortes Generales y su encaje entre las fuentes de financiación de los partidos políticos y, cómo no, la eventual consideración de cualquiera de los aspectos enunciados desde el prisma de las soluciones incorporadas en otros ordenamientos, esto es, del Derecho parlamentario comparado.

A su vez, y aunque pueda verse como un problema contingente, el actual contexto de crisis económica y financiera, que ha motivado drásticos recortes presupuestarios en todos los organismos públicos, alcanzando también a los órganos dotados de autonomía presupuestaria, permitiría ya dudar de la eficacia práctica real de la misma, dado que las exigencias de déficit denotan una clara vinculación de los presupuestos públicos sin excepción para con las directrices de política económica marcadas a nivel comunitario y por el Gobierno de la Nación. Al propio tiempo, se viene dando una amplia desafección de la sociedad civil hacia los partidos políticos, lo que parece avivar un cierto interés —no faltan hoy noticias y opiniones críticas en diarios, redes sociales y blogs personales que, sólo en ocasiones rayan con la demagogia—, por cuánto y cómo se gasta en la Casa Real o en las Cortes Generales, en los Tribunales de Cuentas y Constitucional, en el Consejo de Estado o en el Consejo General del Poder Judicial; interés de aseguramiento de un mayor control de las partidas presupuestarias asignadas a los mismos y que entronca, desde luego, con la principal orientación y finalidad del Derecho Presupuestario, concebido como el ordenamiento del control de la Hacienda Pública en su conjunto y de las actividades financiadas con fondos públicos.

Aparte de los órganos que se han mencionado, aún cabría complicar más las cosas si se atendiera, ya en el ámbito de las Comunidades Autónomas, a los Parlamentos y Asambleas legislativas, órganos de control externo creados en la mayoría de éllas, defensores del pueblo autonómicos y demás parafernalia de consejos consultivos establecidos por su respectiva legislación.

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