35. Principios que rigen el presupuesto parlamentario

Posted on 1 diciembre, 2011

0


Dando un paso más en el estudio del presupuesto parlamentario, cabe confrontar la autonomía que las Cámaras tienen reconocida en la Constitución con la existencia de unos principios jurídicos comunes que se infieren del ordenamiento presupuestario en su conjunto (Montejo Velilla) y que, por lo tanto, a pesar de que la Ley General Presupuestaria —donde se recogen, como principios de programación presupuestaria los de estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, además de las reglas de presupuesto anual, limitativo y vinculante, no afectación y universalidad de cara a la gestión presupuestaria (arts. 26 y 27 LGP)— no resulte de aplicación al presupuesto de las Cortes Generales, seguirían siendo pautas que habría que observar en la elaboración y gestión de esta sección presupuestaria y, por supuesto, también en las relativas a los demás órganos constitucionales.

Últimamente, nuestra legislación presupuestaria, que se ha ido conformando a raíz de las exigencias comunitarias de cooperación, para el logro de unas finanzas públicas sólidas y evitar los déficits públicos excesivos, sitúa en posición central el principio de estabilidad presupuestaria, en cuya fijación del objetivo plurianual participan las Cámaras, votando el acuerdo presentado por el Gobierno con carácter previo y desgajado del procedimiento de presupuestación anual. La Ley General de Estabilidad Presupuestaria (texto refundido aprobado por RDLeg 2/2007, de 28 de diciembre) incluye entre los agentes que integran el ámbito subjetivo de aplicación de la norma a los órganos constitucionales que cuentan con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado [art. 2.1.a)]. Además, y con independencia de que la formulación empleada por dicha ley (art. 8) admitiría mejoras, en cuanto a la resolución de las desavenencias que se han solido presentar en los últimos años entre el Congreso y el Senado, lo cierto es que con la votación del objetivo de estabilidad, las Cortes convalidan el acuerdo del Gobierno, concediéndole todo un margen de maniobra que, al propio tiempo, condicionará en la práctica la competencia presupuestaria del Parlamento, con independencia de que tenga reconocida constitucionalmente su autonomía.

Por otro lado, los principios de unidad y universalidad aparecen consagrados en la propia Constitución (art. 134.2), lo que obliga a incluir los gastos de los órganos constitucionales en los Presupuestos Generales del Estado, si bien quepa postular un deber de corrección constitucional del Gobierno con el fin de que se mantengan intocadas las cifras de gasto aprobadas en sede parlamentaria o por los restantes órganos constitucionales, cuando se traduce cada año el deber de presupuestar de aquél.

También rige en el presupuesto parlamentario el principio de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal una vez que la Ley de Presupuestos fue aprobada por las Cámaras. Lo contrario implicaría negar enteramente el valor de aquella regla que supone un necesario grado de especificación y vinculación de los créditos autorizados para las concretas finalidades a las que sirven y convertiría al presupuesto parlamentario en un cajón de sastre disponible enteramente por las Mesas de las Cámaras. Lo mismo sucede con los demás órganos constitucionales, aunque deba tenerse en cuenta que en relación al presupuesto de la Casa Real sí se da una exclusión constitucional del principio de especialidad cualitativa, dado que la transferencia corriente que percibe es global, sin vinculación a fines o programas concretos (Pascual García).

Rigen también, para los presupuestos de los órganos constitucionales, los principios de transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (arts. 5 y 6 LGEP), concebidos como instrumentos abocados a la garantía del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Anuncios
Posted in: Sin categoría