37. Ejecución y control del presupuesto parlamentario

Posted on 1 diciembre, 2011

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Para terminar con la contemplación del ciclo presupuestario parlamentario, simplemente mencionaremos que en ambas Cámaras se han aprobado normas, que fueron citadas más atrás, sobre ordenación de gastos y pagos que distribuyen competencias, en función de la cuantía de las propuestas de gasto a las Mesas (pudiendo haber delegación), Presidentes y Vicepresidentes, Secretarios Generales y Directores de Presupuestos y Contratación.

El control interno de la ejecución de los presupuestos del Congreso y del Senado corresponde efectuarlo a las Intervenciones de las Cortes Generales y de cada Cámara. El Reglamento del Congreso (art. 31.1.2.º) prevé que la Mesa —que dirige y controla la ejecución— presente al Pleno, al final de cada ejercicio, un informe del cumplimiento del presupuesto. No quiero aventurarme y poner en duda la realización efectiva de este trámite, aún cuando no haya podido encontrar ninguna referencia del mismo en los diarios de sesiones del Pleno del Congreso.

En cuanto al control externo, no es pacífico el entendimiento de su evidente necesidad, también en relación al presupuesto parlamentario —y, por supuesto, de los demás órganos constitucionales con la sola salvedad del presupuesto del Tribunal de Cuentas, pues ¿quis custodiet ipsos custodes?—, habiéndose argumentado que el control interno sería suficiente, por ser relativamente pequeño el volumen de gasto que realizan las Cámaras, adecuándose mejor a la autonomía parlamentaria. La verdad es que girar este argumento no sería nada difícil, pues la modestia de las cifras haría factible que su control por el Tribunal de Cuentas fuese la tónica.

Tampoco tiene mayor calado el recurso a la dependencia de las Cortes que tiene el Tribunal de Cuentas (art. 136.1 CE) —en realidad sólo su Sección de Fiscalización en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado y no la encargada de los procedimientos jurisdiccionales-contables—, pues la misma relación cabría encontrar en la Intervención General de la Administración del Estado respecto del Gobierno (o de las Intervenciones del Congreso y del Senado respecto de las Secretarías Generales de las Cámaras) y nadie niega la conveniencia de que se produzca ese control preventivo de la ejecución presupuestaria.

Aún cabe detectar un flaco servicio a la autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales en el dato ofrecido por la inclusión, de la información de la ejecución de las secciones presupuestarias correspondientes a los mismos, en la cuenta del sector público administrativo, dentro de la Cuenta General del Estado.

Sólo una cuestión más, recordando lo que puede representar un aviso a navegantes: el Presidente del Tribunal de Cuentas, al presentar el programa de fiscalizaciones para 2011 ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el citado órgano de control, celebrada el pasado día 12 de abril (“Diario de Sesiones de las Cortes Generales”, n.º 187), advirtió de la realización de este tipo de actuaciones en órganos como el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo Económico y Social o el Consejo General del Poder Judicial, considerando que todos los órganos constitucionales deben pasar por la fiscalización del Tribunal de Cuentas, aunque sea por sorteo. Y quizás hubiera que hacer esto mismo con la designación de los Consejeros de ese Tribunal, evitando que en algunos casos puedan extenderse los mandatos “hasta que las ranas críen pelo” en ese Panteón de las cuentas del Estado.

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