52. Modificación de la sanción correspondiente a la falta de atención de requerimientos de la Inspección

Posted on 17 octubre, 2012

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La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria constituye una infracción grave, tipificada en el artículo 203 de la LGT, con independencia del tipo de procedimiento que se haya llevado a cabo en relación al obligado tributario.

Sin embargo, el proyecto de ley adiciona un nuevo apartado 6 al artículo 203 de la LGT, en el que se especifica un régimen sancionador agravado, que pretende fortalecer la posición de los órganos de la Inspección de los tributos y disuadir la falta de colaboración de los obligados tributarios [vid. el Informe de la AEDAF, cit., p. 42].

La redacción que se propone del nuevo apartado 6 del artículo 203 de la LGT (renumerando los actuales 6 y 7 como 7 y 8, respectivamente) es la siguiente:

«6. En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se le sancionará de la siguiente forma:

a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:

1.º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

2.º Multa pecuniaria fija de 5.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.

3.º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:

— Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.

— Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conoce el importe de las operaciones requeridas, en multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infrac- tor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.

b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma:

1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000.

2.º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos:

a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto.

c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá:

— Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

— Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conociera el importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

En cualquiera de los casos contemplados en este apartado, si el obligado tributario diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del procedimiento sancionador o, si es anterior, de la finalización del trámite de audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad de las cuantías anteriormente señaladas.».

Con esta nueva incorporación a lo dispuesto en el artículo 203 de la LGT [téngase en cuenta que el vigente apartado 6.º (que pasará a renumerarse como 7.º) desde 1 de enero de 2012 fue introducido por el RDLey 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que estableció la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la resistencia, obstrucción, excusa o negativa se refiera a actuaciones en España de funcionarios extranjeros realizadas en el marco de la asistencia mutua. Un comentario crítico de dicha norma puede verse en FALCÓN Y TELLA, Ramón: “El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre y la técnica jurídica”, en Quincena Fiscal, n.º 3, 2012, pp. 9 y ss.], el precepto se convierte un marasmo de difícil comprensión, al englobar conductas de obstrucción frente a la Administración tributaria con independencia del tipo de procedimiento que se esté llevando a cabo frente al obligado tributario; calificando como grave la infracción y anudándola una multa fija general de 150 euros de la que se exceptúan supuestos agravados por desatender requerimientos, así como por la cualidad de los obligados que ejerzan actividades económicas y si los requerimientos se refieren a la información que deben contener las declaraciones exigidas en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la LGT, así como si se trata de obstrucciones que comporten el quebrantamiento de las medidas cautelares previstas en los artículos 142, 162 y 210 de la LGT.

Ahora, el proyecto distingue si las principales conductas referidas en el precepto tienen lugar cuando el obligado esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, distinguiendo también en función de que aquél realice o no actividades actividades económicas y si los requerimientos se refieren a magnitudes monetarias conocidas o a otras magnitudes o no se conoce el importe de las operaciones requeridas.

El cuadro que resulta es complejo y sin duda desproporcionado, sorprendiendo por la dureza de las sanciones que pretenden imponerse, sobre todo si se comparan con las previstas en otros ámbitos jurídicos, lo que dificultará probablemente su aplicación [vid. el Informe de la AEDAF, cit., pp. 43-44, donde al comparar las sanciones fijadas en el artículo 203.6 de la LGT con las previstas en el Código Penal, se advierte que la multa de 20.000 euros es superior a la pena prevista para “quien por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona” (art. 621 CP) y también es superior a la pena prevista para quien “defraudara a la Hacienda de la Comunidad Europea más de 4.000 euros, por cualquiera de los procedimientos descritos en el artículo 305” (art. 628 CP)].

Tratando de sistematizar la regulación proyectada, tenemos:

  • Las conductas que, de darse en un procedimiento de inspección, acarrearán la aplicación del régimen sancionador pretendido son las previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 203.1 de la LGT, a saber:
    • No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.
    • No atender algún requerimiento debidamente notificado.
    • La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.
    • Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.
  • Las sanciones que podrán imponerse a los sujetos que no desarrollen actividades económicas varían en función de que la incomparecencia del obligado o la falta de aportación de la información exigida se hayan producido en el plazo del primer, segundo o tercer requerimiento que se haya notificado. Así:
    • 1.º Requerimiento: multa fija de 1.000 euros.
    • 2.º Requerimiento: multa fija de 5.000 euros.
    • 3.º Requerimiento: multa proporcional cuya cuantía dependerá de que el incumplimiento se refiera a magnitudes monetarias conocidas o a otras magnitudes o no se conozca el importe de las operaciones requeridas:
      • Tratándose de magnitudes monetarias conocidas: multa proporcional del 50% de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
      • Tratándose de magnitudes no monetarias o no conocimiento el importe de las operaciones requeridas: multa proporcional del 0,5% del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infractor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
  • Las sanciones se endurecen cuando los incumplimientos se hayan realizado por personas o entidades que desarrollen actividades económicas, dependiendo de la conducta infractora en que se incurra:
    • Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
    • Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos, las multas varían por el número de requerimientos no atendidos de la Inspección:
      • 1.º Requerimiento: multa fija de 3.000 euros.
      • 2.º Requerimiento: multa fija de 15.000 euros.
      • 3.º Requerimiento: multa proporcional que dependerá de que se trate de magnitudes monetarias conocidas o de otras magnitudes o no se conozca el importe de las operaciones requeridas:
        • Tratándose de magnitudes monetarias conocidas: multa proporcional del 50% de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
        • Tratándose de magnitudes no monetarias o no conocimiento el importe de las operaciones requeridas: multa proporcional del 1% de la cifra de negocios del último ejercicio con plazo de declaración finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
  • Como norma de cierre que trata de conseguir la aquiescencia del obligado tributario, se prevé para cualquiera de los supuestos contemplados en el nuevo apartado que si aquél diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del procedimiento sancionador o, si es anterior, de la finalización del trámite de audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad de las cuantías que se han ido señalando.

El conjunto es muy compasivo con la posición de los funcionarios de la Inspección frente a la consideración que merecen otros empleados públicos e incluso jueces y fiscales en la legislación respectiva [en el Informe de la AEDAF, cit., p. 44 se contrasta la reforma con lo establecido, por ejemplo, en el artículo 634 del CP, que establece que “los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días”. Teniendo en cuenta que “la cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros” (art. 50 CP), la multa aplicable en estos casos oscilaría entre 20 y 24.000 euros, frente a los 20.000 y 600.000 euros fijados en el artículo 203.6 de la LGT. También SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones.::”, cit., p. 112 llama la atención sobre el “impresionante y abusivo incremento de la dosimetría punitiva cuando la desatención de los requerimientos sea realizada ante la Inspección de Hacienda”], descuidando la protección de legítimos derechos de los obligados tributarios que, con este tipo de normas, verán acentuado su deber de colaboración con la Inspección, aunque sea a costa de lograr su propia autoincriminación [también FALCÓN Y TELLA: “El anteproyecto de ley de intensificación..:”, cit., p. 13, considera que ese incremento de poderes de la Inspección, sin un adecuado contrapeso, puede suscitar grave riesgo de abusos].

El recrudecimiento de la potestad sancionadora que anuncia este endurecimiento de la respuesta por resistencia a la Inspección tiene el mérito de condensar la filosofía que inspira el proyecto de ley [vid. NAVARRO SANCHÍS: “¿Juan sin Tierra ha muerto?”, cit., p. 3].

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