53. Ampliación del plazo de inicio del procedimiento para imponer sanciones no pecuniarias

Posted on 17 octubre, 2012

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El artículo 209.2 de la LGT pretende modificarse para “favorecer la operatividad de las sanciones no pecuniarias”, modificando “el plazo para iniciar los procedimientos sancionadores para la imposición de estas sanciones”.

La redacción propuesta del artículo 209.2 de la LGT es la siguiente:

«2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.

Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta ley deberán iniciarse en el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.»

Pese a que la reforma pueda estimarse razonable a primera vista, dado que comporta el establecimiento de un plazo de inicio del procedimiento para imponer sanciones no pecuniarias, habida cuenta de que una cláusula así contribuye a proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes, lo cierto es que su valoración no puede desentenderse de la excepción que representa a lo que ahora dispone este precepto, que no distingue en función del tipo de sanción, pecuniaria o accesoria, que vaya a resultar aplicada.

En efecto, lo dispuesto hasta ahora, ordenando la caducidad de inicio de los procedimientos sancionadores incoados a partir de procedimientos de regularización previos, cuando hayan transcurrido más de tres meses desde la notificación de la correspondiente resolución o liquidación —y que se mantiene como párrafo primero del artículo 209.2 de la LGT— va a dejar de proyectarse cuando se trate de sanciones no pecuniarias, que tendrán un específico término de tres meses desde la notificación de la sanción principal, lo que amplía las posibilidades del órgano sancionador con competencia para aplicar las medidas accesorias de las multas que señala el artículo 186 de la LGT.

¿Era ilógica la regla vigente cuando se trata de imponer sanciones privativas de derechos? [en el Informe de la AEDAF, cit., p. 46 se da una respuesta afirmativa a ese interrogante, estimando correcta la reforma que pretende realizarse]. Quizás la falta de previsión específica que realiza hasta ahora la LGT pueda responder a lo infrecuente que resulta encontrar sanciones de este tipo que se hayan impuesto a los sujetos infractores. Sin embargo, el cambio que se proyecta alarga el procedimiento sancionador —cuando no lo desdobla, descaradamente— para determinar la sanción accesoria en detrimento de los derechos de los obligados tributarios [vid. SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones…”, cit., p. 112].

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