54. Limitación de la suspensión derivada de recursos o reclamaciones contra acuerdos de derivación de responsabilidad

Posted on 17 octubre, 2012

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El proyecto de ley contiene varias modificaciones en sede de revisión de actos tributarios, para clarificar, por una parte, “el sistema de suspensión y devengo de intereses de demora en el caso de recurso o reclamación contra los acuerdos de derivación de responsabilidad” y, por otra parte, para que el importe de la garantía para suspender la ejecución del acto impugnado a través de recursos o reclamaciones “cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles en el momento de ejecución de la garantía”.

El primer cambio se concreta en la nueva redacción del artículo 212.3 de la LGT que entronca, a su vez, con la modificación del artículo 174.5 de la LGT.

La reforma de este último precepto [sobre el mismo, vid. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto: “Las consecuencias del fallo que estime el recurso de un responsable y su posible extensión a los obligados ajenos al proceso. Estudio del artículo 174.5 de la LGT en el marco del ordenamiento jurídico”, en Quincena Fiscal, n.º 7, 2009] excluye la suspensión automática de las sanciones tributarias que se deriven en los supuestos de responsabilidad solidaria previstos en el artículo 42.2 de la LGT.

La redacción propuesta del artículo 174.5 de la LGT es la siguiente:

«5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación.

No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.»

Ello comporta una excepción de la regla general prevista en el actual artículo 212.3.a) de la LGT, que anuda, como efecto de los recursos o reclamaciones contra las sanciones que interpongan los sujetos infractores y los responsables, la suspensión automática de su ejecución, sin necesidad de aportar garantías, hasta que las mismas sean firmes en vía administrativa, y el devengo de intereses de demora —de acuerdo ya con la nueva redacción de la letra b) del mismo artículo— a partir del día siguiente a la finalización del periodo voluntario de pago abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa y sin que la citada suspensión alcance a la deuda tributaria objeto de derivación.

La redacción propuesta del artículo 212.3 de la LGT es la siguiente:

«3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.

b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo.

Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.

Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 42.2 de esta Ley.»

Por lo que se refiere a la exclusión de la suspensión automática de ejecución en caso de impugnación, en los supuestos de responsabilidad tributaria señalados en el artículo 42.2 de la LGT, no parece que pueda justificarse en la protección de los derechos de los obligados tributarios.

Simplemente, la limitación viene a añadirse a la restricción de impugnación de las liquidaciones que no padecen otros responsables, ya que los señalados en dicho precepto sólo podrán impugnar el alcance global de su responsabilidad por entorpecimiento del embargo o la enajenación administrativa de los bienes y derechos del deudor principal.

Por rechazables que puedan ser las practicas que han suscitado el nacimiento de la responsabilidad solidaria en supuestos que se encuentran en fase ejecutiva y en los que se revela una clara participación, colaboración o consentimiento en la ocultación, transmisión, incumplimiento de las órdenes de embargo o levantamiento de los bienes o derechos embargados o sobre los que se hubiera constituido garantía o medida cautelar; no parece que quienes incurren en esos comportamientos tengan que padecer una nueva restricción de su derecho de recurso.

En los casos descritos en el artículo 42.2 de la LGT estamos ante una responsabilidad surgida por la realización de hechos ilícitos que se extiende a la deuda tributaria pendiente de pago y a las sanciones tributarias, lo que corrobora su naturaleza punitiva, debiendo aplicarse en estos casos las reglas y principios del derecho sancionador y la suspensión automática de ejecución de las sanciones que fueran objeto de derivación, como ha venido a reconocer el Tribunal Supremo en la STS de 10 de diciembre de 2008(recurso 3941/2006) [vid. Informe de la AEDAF, cit., p. 36. También SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones…”, cit., pp. 112-113], pues de lo contrario se estarán recortando derechos de esos responsables tributarios.

Y, en cuanto a la indicación que se pretende introducir acerca del devengo de intereses de demora de las sanciones recurridas a partir del día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, lo que en realidad viene a producir es un adelanto en el tiempo del momento a partir del cual las sanciones —que aún no son firmes— devengan intereses, pudiendo considerarse entonces como una reacción a la línea interpretativa de la jurisprudencia que anudaba dicho efecto a partir de la fecha del auto judicial que decidiera sobre tal solicitud del sujeto infractor o del responsable a quien se hubiera derivado la sanción [vid. Informe de la AEDAF, cit., p. 48, con cita de la STS de 26 de noviembre de 2009 (recurso 1316/2004) y de la RTEAC de 22 de marzo de 2011 (recurso 2184/2009). En este Informe se señala también que el proyecto “no tiene en cuenta que el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente (vid. las sentencias de 29 de octubre de 2005, recurso 6279/2000, de 11 de febrero de 2009, recurso 4340/2005, de 14 de abril de 2010, recurso 15/2005 y de 22 de julio de 2010, recurso 6348/2005) que para que se reabra el período voluntario de pago de un acto que ha estado suspendido como consecuencia de su impugnación es necesario siempre que la Administración tributaria dicte y notifique previamente un acuerdo expreso de ejecución, no bastando a tal efecto la mera notificación de la resolución que resuelve (confirmando) el recurso o reclamación contra el acto suspendido”].

Obviamente, lo más correcto sería dispensar a las sanciones administrativas el mismo tratamiento previsto para las sanciones penales, a fin de que no puedan ejecutarse hasta que no sean firmes, tanto en vía administrativa como en la vía judicial.

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