55. Ampliación de la garantía a aportar por los recurrentes para obtener la suspensión de ejecución del acto impugnado

Posted on 17 octubre, 2012

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Las modificaciones que se proponen en los artículos 224.1 y 233.1 de la LGT se encaminan a ampliar el alcance de la garantía para suspender la ejecución del acto impugnado a través de recursos o reclamaciones, con el fin de que aquélla “cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles en el momento de ejecución de la garantía”.

La redacción propuesta del artículo 224.1 de la LGT es la siguiente:

«1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.

Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.»

La redacción propuesta del artículo 233.1 de la LGT es la siguiente:

«1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.»

La reforma conllevará, como efecto práctico, un encarecimiento de los costes de obtención y mantenimiento de la garantía para obtener la suspensión del acto impugnado por medio de recurso de reposición o por reclamación económico-administrativa, dado que tendrá que abarcar el importe de los recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT), entre los que se encuentra el de apremio ordinario del 20%, aún cuando puede que no resulte exigible o lo sea en una cuantía inferior, en función del comportamiento que adopte el obligado tributario tras la resolución de la impugnación [así se expresa el Informe de la AEDAF, cit., p. 51, considerando razonable que no se hiciera esta reforma o que, en su defecto, se contemplara expresamente “el derecho del obligado tributario a obtener el reembolso parcial del coste de la garantía aportada para obtener la suspensión cuando, tras la resolución del recurso, no fuera necesario ejecutar dicha garantía”, dado que el mismo no estaría comprendido en el artículo 33 de la LGT].

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