59. Reformas propuestas en la tipificación y persecución del delito fiscal

Posted on 18 octubre, 2012

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Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el día 17 de julio, el “Boletín Oficial de las Cortes Generales” de 7 de septiembre ha publicado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

A través de esta iniciativa, el Derecho Penal de la crisis económica aprovecha esta circunstancia contingente para procurar realizar algo más que un lavado de fachada a la regulación de los delitos contra la Hacienda Pública, reforma estructural que debiera valorar la necesidad de acometerse con independencia de los graves problemas de financiación de la deuda que afectan a las economías europeas.

Dejando aparte este dilema, los cambios que promueve el proyecto de ley van mucho más lejos de lo que cabía aventurar a partir de la información que se tenía este verano, suministrada desde la propia Moncloa en cómodas píldoras de PowerPoint [vid. NAVARRO SANCHÍS: “¿Juan sin Tierra ha muerto?”, cit., p. 3].

La reforma quiere servir a mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y gastos públicos, efectuando una profunda revisión de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, marcándose los siguientes objetivos:

  • Creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años;
  • Posibilitar la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación;
  • Incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal;
  • Introducir mejoras técnicas en la regulación de las defraudaciones a la hacienda y a los presupuestos de la Unión Europea;
  • Evitar la denuncia ante los Juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria.
  • También se prevén mecanismos para rebajar la pena para aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la investigación judicial.

Además de estas modificaciones de los delitos tributarios, se reforman los delitos contra la Seguridad Social y de fraude de subvenciones públicas y se tipifica un nuevo delito para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas.

 

El proyecto consta de un sólo artículo que modifica el Código Penal en los artículos 305 (delito fiscal), 305 bis (delito fiscal agravado), 306 (defraudación a los Presupuestos Generales de la Unión Europea), 307 (defraudación a la Seguridad Social), 307 bis (tipo agravado de la anterior), 307 ter (defraudación en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social), 308 (fraude de subvenciones o ayudas de Administraciones Públicas), 310 bis (penalidad de personas jurídicas), 311 (delito contra los derechos de los trabajadores), 398 (certificaciones falsas de funcionarios y autoridades) y 433 bis (falseamiento de contabilidad, documentos o información de etidades públicas).

Solamente queda fuera de las modificaciones el artículo 310 del Codigo, referido al delito contable.

Por su parte, la disposición derogatoria única del proyecto de ley afecta a los artículos 309 (obtención indebida de fondos de la Unión Europea), 627 y 628 (faltas a la Hacienda y Presupuestos de la Unión Europea) del Código Penal.

Complementariamente, la disposición final primera añade una nueva causa de ineligibilidad en comicios —nuevo párrafo c) del artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General— para los sancionados por la comisión de las infracciones reguladas en los artículos 25 y 26.1 que figuran en el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que también se encuentra en tramitación parlamentaria.

Centrándonos exclusivamente en los cambios que sufre la figura del delito fiscal, cuando el proyecto acabe aprobándose por las Cortes Generales, aquél alcanzará su quinta versión desde que fuera implantado en nuestro ordenamiento en 1977.

Las principales modificaciones propuestas en los artículos 305 y 305 bis del CP pueden sistematizarse así:

  • Por lo que se refiere al tipo básico:
    • Desaparecen del tipo básico del delito fiscal las circunstancias que agravaban la penalidad (utilización de persona o personas interpuestas y la especial trascendencia y gravedad de la defraudación) y que pasan a incorporarse al nuevo tipo cualificado.
    • La regularización de la situación tributaria se erige en el reverso del delito, dejando de operar como excusa absolutoria. Aquélla se concibe como “el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias”. El CP exige, para que haya regularización que el obligado reconozca y pague completamente la deuda tributaria antes de que se inicien actuaciones administrativas o procesales.
    • En la determinación de la cuantía defraudada, se incluye ahora una excepción de la regla general referida a su cómputo en el año natural, que tiene como finalidad el proporcionar una mayor operatividad a la figura en los supuestos de tramas que afectan, sobre todo, al IVA, no siendo necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros (en la actualidad se ha de atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar el hecho como delito fiscal).
    • De conformidad con otras modificaciones que anteriormente se comentaron, se permite a la Administración tributaria continuar con las actuaciones encaminadas a liquidar y recaudar la deuda tributaria, pese a la pendencia del proceso penal y hasta tanto no haya un pronunciamiento judicial expreso que suspenda las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía o con dispensa de la misma si se apreciaren daños de imposible o difícil reparación por el juez.
    • Se prevé también la posibilidad de que los jueces acuerden una atenuación de la pena cuando los presuntos responsables de los delitos reconocen su comisión y satisfacen íntegramente la deuda tributaria o bien colaboran con las autoridades para la averiguación de los hechos y, en su caso, la identificación o captura de otros responsables, antes de que transcurran dos meses desde su citación como imputados.
    • Estos últimos aspectos colaterales de la reforma, enunciados como “mejoras técnicas”, en realidad traducen el propósito de favorecer la regularización voluntaria del contribuyente en pro de la recaudación y premiar la delación de los responsables del delito.

 

  • Y, con relación al nuevo tipo agravadode delito fiscal, éste aparece caracterizado por las siguientes notas:
    • En primer lugar, por lo que se refiere a las conductasque comprendería esa modalidad agravada de comisión de la defraudación tributaria, se conjugan elementos puramente cuantitativos con la especial gravedad de ciertos medios materiales de comisión:
      • Por lo que se refiere a la cuantía, estaremos ante esa especificación agravada del tipo penal cuando el umbral de la cuota defraudada supere los 600.000 euros, en lugar de los 120.000 euros que se requieren con carácter general [la modificación propuesta no parece nada congruente con la que pretende realizarse en el delito de defraudación contra la Seguridad Social, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, incluyendo dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita]  (salvo que la defraudación se dirija contra la Hacienda de la Unión Europea, que continúa estando en 50.000 euros).
      • Y, por lo que hace a los medios cualificados de comisión—que favorecerán la aplicación de la penalidad agravada, aunque la defraudación no supere esos 600.000 euros—, se señalan dos:
        • Cuando la defraudación haya sido cometida en el seno de una organización o de un grupo criminal, o
        • Cuando se utilicen personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio de aquéllos.
    • La penalidad de los delitos fiscales agravados será de prisión de dos a seis años (en vez de uno a cinco años) y multa del doble (y no del tanto) al séxtuplo de la cuantía defraudada [también se endurecen las penas máximas por defraudar a la Seguridad Social, pasando de cinco a seis años].
    • Como consecuencia de los cambios en la pena, la prescripción se eleva a diez años (art. 131.1 CP), frente a los cinco previstos en los restantes supuestos de delito fiscal [también se amplía el período de prescripción de cinco a diez años para los supuestos delictivos contra la Seguridad Social más graves, contemplados en el nuevo art. 307 bis y para el caso de “empresas fantasma” sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública (art. 307 ter.2)].

Los medios de comunicación se han hecho eco de las disfunciones y riesgos de inconstitucionalidad que puede tener este proyecto de reforma del Código Penal, según los informes realizados por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estadoacerca de su contenido y remitidos al Gobierno de la Nación [vid. EUROPA PRESS: “El CGPJ y la Fiscalía alertan de ‘disfunciones’ en los cambios del Código Penal para luchar contra el fraude”, en el Diario del Derecho (Iustel), 17 de agosto de 2012].

Para el CGPJ, la aplicación de tipos agravados de sanción a los “grupos criminales”, y no sólo a las “organizaciones criminales”, puede implicar “una invasión desmesurada del ámbito del tipo básico (de las sanciones)” y puede plantear problemas de proporcionalidad y, por tanto, de constitucionalidad.

Por su parte, la Fiscalía considera que con la reforma legislativa se “tiende a una penalización de conductas que debieran tener una mejor respuesta en el seno del derecho administrativo sancionador” y advierte que el incremento de las penas en casos de especial gravedad involucrará en los procesos a las Audiencias Provinciales.

Aunque la exoneración de pena por regularizar o delatar a otros responsables no plantea ninguna objeción a los citados órganos, el Consejo Fiscal sugiere problemas en relación con la modificación del plazo de prescripción —sugiriendo ampliar la obligación de conservación de documentos por parte de los agentes económicos— y con la posibilidad de que la Administración tributaria liquide y recaude en prevención de alzamientos de bienes a la vez que se está instruyendo el proceso penal, pues los resultados a los que llegue la Administración puede que no coincidan con los finalmente apreciados por la autoridad judicial.

El CGPJ coincide con ese análisis y propone que se previera, al menos, “el resarcimiento a los particulares del coste de las garantías y el pago de intereses y de costes procesales”.

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