El impuesto sobre las transacciones financieras (Miguel Ángel Martínez Lago y José Manuel Almudí Cid)

Posted on 14 febrero, 2014

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A raíz de la crisis económica y financiera, la Comisión Europea ha propuesto implantar un impuesto sobre las transacciones financieras (Financial Transaction Tax), armonizado en la Unión Europea. Este nuevo gravamen, que abarca a un amplio número de operaciones financieras, se encuentra pendiente de aprobación y está siendo objeto de debate y negociación por los once Estados miembros que han decidido implementarlo a través del denominado mecanismo de cooperación reforzada.

Esta aplicación limitada del impuesto obedece a que algunos socios europeos están claramente en contra de la propuesta de la Comisión. En concreto, el Reino Unido ha interpuesto un recurso contra la iniciativa de los Estados miembros que pretenden establecer el impuesto armonizado de forma autónoma, argumentando que vulnera el Derecho comunitario originario. También los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea han puesto de manifiesto algunas dudas respecto de la adecuación de la propuesta a los Tratados de la Unión. Empero, la Comisión y Estados como Alemania mantienen su empeño, aunque el impuesto quede limitado por el momento a un número reducido de países miembros, por lo que habrá que estar atentos a lo que suceda próximamente.

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El debate sobre la viabilidad y conveniencia de un impuesto sobre las transacciones financieras ha solido presentarse en un ámbito extrajurídico, donde intervienen, fundamentalmente, economistas, políticos y sociólogos. Baste citar en ese sentido la propuesta de la Asociación por una Tasa sobre las transacciones especulativas para ayuda a los ciudadanos (ATTAC), creada en Francia en 1998 por Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, caracterizándose como grupo de presión partidario de la introducción de un impuesto sobre los intercambios de divisas, con la intención de frenar los movimientos especulativos, retomando las ideas de James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981 y al que se debe el nombre de “Tasa Tobin”. También se han empleado otras denominaciones: “Robin Hood Tax” en el Reino Unido, “Steuer gegen Armut” (o impuesto contra la pobreza) en Alemania,  o “Zerozerocinque” en Italia.

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Existe una clara tendencia a vincular las experiencias previas en el establecimiento de impuestos de esta naturaleza en un único Estado, en algunos casos negativas, a la propuesta de un impuesto armonizado que ha realizado la Comisión Europea. Ahora bien, conviene advertir que en el momento en que un impuesto sobre transacciones financieras fuese adoptado por un relevante conjunto de Estados y se introdujesen medidas técnicas encaminadas a prevenir la deslocalización de estas operaciones por razones fiscales, los efectos que derivarían de su implantación tendrían que dar lugar a resultados necesariamente diversos de los alcanzados hasta la fecha por los países que se han decidido a gravar unilateralmente operaciones fácilmente deslocalizables.

Según se ha advertido, la figura propuesta por la Comisión responde, al mismo tiempo, una finalidad recaudatoria y otra extrafiscal, desincentivando las operaciones financieras especulativas a corto plazo y de alta frecuencia. En todo caso, conviene subrayar que esta no es más que una de las múltiples alternativas válidas para alcanzar el objetivo propuesto, por lo que la discusión no puede considerarse en absoluto agotada. De hecho, existen propuestas para combinar el impuesto sobre transacciones financieras con un “Stamp Duty” (como el vigente en el Reino Unido), o para establecer un impuesto sobre actividades financieras unido a la renuncia de la exención en el IVA.

Sin perjuicio de lo anterior, no ofrece dudas que la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras tendrá una clara incidencia en los mercados financieros que debe ser determinada con precisión y discutida con datos fiables con carácter previo a su establecimiento.

Conscientes de la necesidad de analizar el impuesto proyectado, tanto desde una perspectiva jurídica como económica, prestando especial atención a los objetivos, opciones técnicas, experiencias comparadas y al impacto que tendrá un impuesto de esta naturaleza, tanto para las empresas como para el sector financiero, así como en los Presupuestos de la Unión y de los países miembros, desde el Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense hemos impulsado una jornada internacional sobre el impuesto proyectado.*

La jornada internacional es abierta y se celebra el 17 de febrero en el Auditorio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (calle Almagro, 9 de Madrid). En ella se expondrán los resultados alcanzados por un grupo de investigación multidisciplinar, coordinado por el prestigioso International Bureau for Fiscal Documentation (Países Bajos) y en el que participan las Universidades de Amsterdam (Países Bajos), Brno (República Checa), Corvinus de Budapest (Hungría), Catolica de Piacenza (Italia), Complutense de Madrid (España), Oxford (Reino Unido) y WU de Viena (Austria).

Miguel Ángel Martínez Lago y José Manuel Almudí Cid son profesores del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo se ha preparado para su publicación por Tribuna Complutense.

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